La firma electrónica de Clientify se puede considerar como firma electrónica simple conforme a la legislación brasileña.
a) Marco jurídico vigente
Brasil cuenta con un marco jurídico robusto que reconoce la validez legal de las firmas electrónicas. El principal instrumento normativo es la Medida Provisional Nº 2.200-2/2001, que creó la Infraestructura de Clave Pública Brasileña (ICP-Brasil). Esta se complementa con la Ley Nº 14.063/2020, que clasificó las firmas electrónicas en tres categorías: simple, avanzada y cualificada.
· La firma electrónica simple (FES) es aquella que permite identificar al firmante y asociarlo al documento, sin necesidad de certificados oficiales.
· La firma avanzada (FEA) ofrece mecanismos adicionales de autenticación, como biometría, y mayor seguridad técnica.
· La firma cualificada (FEQ) utiliza certificados digitales emitidos por autoridades certificadoras acreditadas por la ICP-Brasil y tiene el mismo valor que una firma manuscrita.
b) Requisitos para la validez de la firma simple
La legislación brasileña reconoce la validez jurídica de la firma electrónica simple en múltiples contextos, especialmente en las relaciones entre particulares y para documentos sin exigencias legales de forma solemne. Los requisitos básicos son:
· Identificación del firmante: El sistema utilizado debe permitir asociar el documento firmado con la persona firmante.
· Consentimiento del firmante: Debe ser claro que el firmante aceptó el contenido del documento.
· Integridad del documento: Se deben emplear mecanismos para garantizar que el contenido no ha sido alterado después de la firma.
Estos requisitos pueden cumplirse mediante el uso de contraseñas, OTP, biometría facial, firma trazada en pantalla, sellado de tiempo, entre otros mecanismos de trazabilidad tecnológica, como hacemos en Clientify.
c) Usos frecuentes de la firma electrónica simple
La firma electrónica simple es ampliamente utilizada en Brasil, sobre todo para:
· Contratos de prestación de servicios, compraventa, acuerdos de confidencialidad y arrendamientos.
· Procesos internos de empresas, como autorizaciones, actas internas o políticas corporativas.
· Documentación laboral, incluyendo contratos de trabajo, recibos digitales y evaluaciones de desempeño.
· Consentimientos y autorizaciones en sectores como la salud, la educación y el comercio electrónico.
En documentos o procedimientos que requieran mayor nivel de seguridad o estén vinculados a entidades públicas —como escrituras públicas, registros inmobiliarios o actos notariales—, se exige el uso de firmas avanzadas o cualificadas.
d) Enlaces de interés